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#ReligiónLibre

El futuro de la libertad de religión en juego: el caso de Pavez v. Chile.

La autonomía de las comunidades religiosas y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa acorde con sus convicciones se encuentra en juego en el caso de Sandra Pavez v. Chile en la Corte IDH.

Sandra Pavez daba clases de religión católica en San Bernardo. La diócesis local tomó conocimiento de que la Sra. Pavez entró en una relación de pareja con otra mujer. Su obispo le advirtió que su decisión era contraria a los deberes de castidad y que si seguía en ella se vería en la obligación de revocar su certificado de idoneidad, al no dar “testimonio de vida cristiana”, que la iglesia católica espera de sus profesores. Revocado el certificado, no pudo seguir dictando esa clase específica en la escuela. Sin embargo, desde entonces siguió trabajando de forma ininterrumpida en la misma, siendo promovida al equipo directivo, donde sigue hasta hoy.

La Sra. Pavez demandó a la Iglesia por discriminación, pero su demanda fue rechazada por la Corte Suprema. En 2008 llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón afirmando que tiene derecho a hacer clases de religión católica aun contra la objeción de su iglesia, y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados.

Hoy el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se espera una decisión durante 2021. De su decisión dependerá si las escuelas Católicas, Judías, Musulmanas, Evangélicas o de cualquier otra denominación podrán procurar que sus educadores religiosos guarden sus deberes de fidelidad hacia la fe que voluntariamente dicen profesar, y si los Estados respetarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones. Esperamos que la Corte no ignore el derecho humano básico a la libertad de religión.

Defendamos juntos la Libertad de Religión y de Culto:

Petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Estimados Jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos

            Por medio del presente escrito, remitimos algunas consideraciones jurídicas que realizamos en cuanto titulares de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que creemos que la Honorable Corte debiera tener a la vista al resolver el caso de Sandra Pavez con Chile. Nuestra petición y expectativa es que la Honorable Corte tenga la sabiduría e imparcialidad para considerar todos los intereses y derechos envueltos, pues sabemos que lo que resuelva en este caso puede generar ramificaciones que alcanzarán el ejercicio y goce de nuestros derechos en los Estados que habitamos.

            Todos quienes firmamos estas consideraciones lo hacemos en nuestra calidad de padres o madres, hijos e hijas, ciudadanos, educadores, miembros de distintas comunidades de fe, amantes de la paz y que queremos que exista justicia para todos. Nos unimos para hacer ver a la Corte que, aún si las reglas formales del sistema no nos reconocen como una parte formal, es innegable que nuestros derechos e intereses se ven comprometidos y que no puede verdaderamente hacerse justicia sin contemplarlos a la hora de decidir. Nos referimos, en concreto, a las libertades de asociación; de pensamiento; y de conciencia y religión.

            El derecho internacional de los derechos humanos reconoce como un elemento central de la enseñanza de la religión -que es una manifestación de la libertad de religión- la libertad de cada comunidad religiosa para escoger quien la impartirá en su nombre. Así lo ha declarado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalando que “…la práctica y la enseñanza de la religión o de las creencias incluyen actos que son parte integrante de la forma en que los grupos religiosos llevan a cabo sus actividades fundamentales, como ocurre con la libertad de escoger a sus dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros [teachers], la libertad de establecer seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o publicaciones religiosos.”[1]

            Por otra parte, los tratados de derechos humanos además reconocen para nosotros, los padres, la libertad y el derecho de garantizar que nuestros hijos reciban una educación moral y religiosa que esté de acuerdo con nuestras convicciones. Este derecho está expresamente consagrado en la Convención Americana, en su artículo 12.4. En consecuencia, ya sea que se trate de escuelas exclusivamente privadas, o también en aquellas de gestión conjunta o exclusiva del Estado, la realización de clases de religión de cualquier denominación debe ser impartida de manera coherente con las convicciones de los papás titulares del derecho, incluyendo mediante la designación de docentes que sean fieles representantes de esas creencias.

            El elemento central del caso es que la profesora Pavez, al tiempo relevante de los hechos, realizaba una función concreta y determinante: se desempeñaba como educadora religiosa. Ella tenía la tarea de impartir para los educandos la misma fe que sus padres habían escogido, en virtud de su derecho inalienable a que sus hijos fueran educados conforme a sus convicciones morales y religiosas. Su autoridad como educadora en la fe religiosa y su aceptabilidad como maestra competente para realizar esta particular y trascendental tarea no se derivaba ni puede derivarse del Estado, que por definición es incompetente para apreciar y juzgar estos asuntos. En cambio, ella le es reconocida y validada por las mismas comunidades de fe, compuestas por papás y mamás, unidos por un mismo credo y convicciones sobre las exigencias de la buena vida y la moralidad humana. Por lo mismo, al dejar ella de exhibir en su propia vida la comunión con las ideas y doctrinas centrales de esa comunidad a la que se esperaba que ella sirviera educando mediante obras y palabras, resultaba claro que no podía seguir enseñando bajo la autoridad de aquella. Retenerla en tales circunstancias y en dicha función específica, habría violado de manera directa e indiscutible los derechos de los padres y miembros de esa comunidad de fe en particular.

            De lo anterior no se siguió un juicio negativo sobre la competencia profesional de la profesora Pavez, ni se puso en tela de juicio su derecho de seguir ejerciendo funciones docentes de otra índole, incluso en el mismo establecimiento. Esto es de hecho lo que ocurrió, sin que la profesora Pavez perdiera por un momento siquiera la fuente de su sustento, o que fuera apartada de la comunidad escolar.

            Una de las características fundamentales de las sociedades libres es la existencia de desacuerdos, incluso radicales, acerca de la moralidad fundamental de los actos humanos. La creciente diversidad de creencias y proyectos de vida en nuestras sociedades hace inevitable la existencia de tensiones producto de estas discrepancias. Los hombres y mujeres podemos discrepar en buena fe sobre cuestiones centrales relativas a la existencia humana, el buen vivir y la moralidad de nuestras acciones. Pero la presencia de esos desacuerdos no tiene por qué ser visto como un defecto a ser erradicado, y ciertamente que no debiera serlo por medios coercitivos que arrebatarían a las personas y comunidades su libertad para sostener dichos desacuerdos y comunicarlos a otros, incluyendo en la enseñanza a las futuras generaciones. Es más, las convicciones que se encuentran detrás de estas posturas y discrepancias pacificas son centrales a nuestra identidad, y nuestro derecho a sostenerlas se encuentra reconocido y protegido por la libertad de religión y de culto, así como también por la libertad de pensamiento y de expresión.

 

            Sin duda, todas las personas merecen ser tratadas con respeto y de acuerdo con su dignidad. En lo que a este caso refiere, sostenemos una posición modesta, que consistente en reconocer y afirmar que el ejercicio de la libertad humana en la configuración de la propia vida implica hacerse cargo de las consecuencias que de ello se sigan respecto de otros con los que también nos hemos asociado libremente. Y en este caso concreto, las personas de buena voluntad podemos estar de acuerdo en que no existe una injusticia a reparar por el hecho de que cualquier grupo intermedio con una identidad doctrinal o ideológica fuerte -entre las que se incluyen las comunidades religiosas- decida legítimamente delegar la tarea de la educación y representación de esa identidad sólo en aquellas personas que demuestran con sus acciones un compromiso coherente entre lo que profesan y la manera en que viven.

 

            La alternativa que proponemos a la Honorable Corte es coherente con las obligaciones de derechos humanos surgidas de los tratados regionales, además de corresponder con el juicio prácticamente uniforme de otros tribunales en el mundo. En este sentido, imploramos a la Corte atender a la sabiduría y prudencia de sus pares a lo largo y ancho del planeta, que desde la Corte Europea de Derechos Humanos[2] hasta los tribunales superiores de nuestros Estados Americanos[3] han reconocido y resguardado estas libertades fundamentales ante similares demandas.

 

            Por lo anterior, afirmamos ante los Honorables Jueces que el reconocimiento y respeto del derecho de nuestras comunidades para determinar de manera libre quiénes son idóneos para dar testimonio vivo de nuestras creencias y doctrinas, en el contexto específico de la educación formal, es un medio necesario para dar protección a nuestros derechos inalienables. En virtud de nuestra libertad de religión es que tenemos un derecho expresamente reconocido y protegido a diseminar nuestra fe, comenzando por asegurar que la misma será transmitida a nuestros hijos. En ese actuar, y en el contexto específico de la enseñanza de nuestra religión, la coherencia de vida de quienes la enseñan, como cooperadores de nosotros los padres, es absolutamente central.

            Por lo mismo, suplicamos a la Honorable Corte que reconozca estos derechos fundamentales y que decida este caso de una manera tal que proteja, en su justa medida, los derechos humanos de todos quienes suscribimos estas consideraciones.

[1] Ver, Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Comentario General N. 22, párr. 4. En forma similar, Corte Europea de Derechos Humanos, Fernández Martínez v. España, decisión de la Gran Sala, párrafo 127, vinculando explícitamente la libertad religiosa con la libertad de asociación, y afirmando que “…el derecho de los creyentes a la libertad religiosa engloba la expectativa de que ellos podrán asociarse libremente, sin intervención arbitraria del Estado. La existencia autónoma de las comunidades religiosas es indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática y es por lo mismo un asunto que se encuentra en el corazón de la protección que proporciona el artículo 9 de la Convención. Tiene un interés directo, no solo para la organización efectiva de las comunidades, sino que también para el goce efectivo por parte de todos sus miembros activos del derecho a la libertad de religión. De no estar protegida la vida organizacional de la comunidad por el artículo 9 de la Convención, todos los demás aspectos del derecho individual de la libertad de religión serían vulnerables.” (el destacado es nuestro). 

[2] Nos referimos a los casos de Fernández Martinez v. España y Travas v. Croacia, que se pronuncian precisamente sobre casos de profesores de religión confesional en sus respectivos Estados.

[3]En Colombia, Corte Constitucional, fallo M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia T-972/99, Expediente T-238.812; en Canadá, Corte Suprema de Canadá, Caldwell v. Stuart (1984), 2 S.C.R.; en Estados Unidos, Corte Suprema de Estados Unidos, Hosannah Tabor v. EEOC (2012); en Trinidad y Tobago, High Court of Justice, Jagessar v. Teaching Service Commission (2012).

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